Primer Encuentro Continental Americano
contra la Impunidad y por la Justicia Autónoma

Sobre criminalización de la lucha
y estrategias de contrainsurgencia en Chiapas
(MOCRI-CNPA-MN)

Presentación

El anhelo de desarrollo de los pueblos y colonias marginadas del estado de Chiapas es una necesidad tan apremiante que para lograrlo se han organizado en diversas organizaciones principalmente campesinas, las cuales bajo distintas formas de lucha han venido reclamando desarrollo, justicia y paz social.

Sin embargo, el gobierno estatal de la mano con el gobierno federal viene impulsando una política entreguista que se basa en la entrega de los recursos naturales (tierra y agua), minerales y energéticos a las empresas transnacionales para que las exploten en detrimento del desarrollo de los pueblos y generando contaminación, la cual es la principal herencia que dejan, así como más pobreza, marginación y miseria; y por otro lado, seguimos sin ser tomadas en cuenta pues deciden sobre nuestros territorios megaproyectos que solo benefician a los que tienen el poder económico y político de este país y a sus aliados financieros transnacionales.

Lógicamente, chocan dos visiones de desarrollo y de usufructuar los variados recursos de nuestras comunidades: la del gobierno que es entreguista y la nuestra en donde reclamamos nuestra participación desde la toma de decisiones hasta el usufructo racional de nuestros recursos.

Al oponernos a esa política de saqueo de nuestras recursos y de robo de nuestras tierras, condenar el fomento de grupos paramilitares no permitiendo que el gobierno nos utilizara como tal, así como el luchar por verdaderas políticas de desarrollo para nuestras comunidades y colonias marginadas y enarbolar las históricas demandas políticas, agrarias y otras de fondo, el gobierno estatal ha venido desarrollando una campaña de linchamiento político en contra nuestra y a la vez impulsado una campaña de hostigamiento, persecución y fabricación de delitos en contra de nuestra organización propiciando con ello el encarcelamiento de militantes y dirigentes.

A la luz de los hechos más recientes en la entidad, es claro que el gobierno estatal ha adoptado una nueva política hacia las organizaciones y comunidades que no sucumbimos a su política de corporativización. Para nuestros espacios organizativos la única respuesta oficial que se ve hoy es la represión, acompañada de grandes campañas de linchamiento mediático enfocadas en criminalizar nuestras luchas sociales; campañas que son difundidas de manera masiva en todos los periódicos estatales y algunos nacionales, así como permanentemente a través del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.

De este modo el gobierno del señor Juan Sabines ha fabricado delitos para detener y procesar a luchadores sociales inocentes. Igualmente ha recurrido, como tristemente lo hicieron en su momento los ex-gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía o Roberto Albores Guillén entre otros, a la siembra de pruebas, a la compra de testigos falsos, a todo tipo de irregularidades procesales y a la deplorable utilización de personas civiles como grupos de choque o paramilitares, que frecuentemente acompañan y guían a los cuerpos policíacos durante sus operativos represivos. Aunado a ello, las instancias de procuración de justicia han actuado en estos casos con inusual rapidez y bajo consigna por órdenes del Ejecutivo estatal.

Todo este cuadro violatorio del orden constitucional y de los Derechos Humanos, que en resumen ha generado nuevos Presos Políticos en Chiapas, ha sido la constante en los casos recientes contra miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN), de la Alianza Popular de Trinitaria (APT), de campesinos de San Sebastián Bachajón de la Otra Campaña en la zona de Agua Azul, y el hostigamiento constante con grupos paramilitares contra bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Así como la masacre de Chincultik contra campesinos de la comunidad de Miguel Hidalgo, Trinitaria.

Derivado de ésta política represiva y contrainsurgente observamos con preocupación su profundización y su aplicación con distintas variantes bajo la política de guerra de baja intensidad contra las comunidades y colonias organizadas en diferentes esfuerzos democráticos en el estado de Chiapas.

Criminalización de la lucha y guerra de contrainsurgencia contra el pueblo organizado.

El estado mexicano a través de los tres niveles de gobierno viene aplicando una política de contrainsurgencia que se específica de distintas maneras como a continuación se señala:

1. Aplicando una política de cooptación de líderes dándoles dinero u ofertándoles puestos públicos, a la cual han sucumbido algunos prestándose al juego del gobierno y que luego son usados para golpear a organizaciones democráticas que seguimos en lucha.
2. Generando división en las comunidades o en las organizaciones, así como entre comunidades y entre organizaciones para inhibir la lucha y para enfrentarlas.
3. Implementación de programas de gobierno que generan división en las comunidades como el Procede ahora Fanar.
4. El Gobierno estatal obliga a las organizaciones a firmar un acuerdo político, difundido como el pacto de gobernabilidad, con la finalidad presionar a las organizaciones sociales para desmovilizarnos, que no protestemos, que nos callemos la boca y a cambio nos ofrecen, recursos y programas asistenciales de gobierno que no resuelven la los anhelos de desarrollo de nuestras comunidades.
5. Generando estructuras paralelas de poder que son usadas para combatir a las organizaciones sociales como es el caso de "Chiapas Solidario" a través de los cuales controlan también a las autoridades de las comunidades (agentes municipales y comisariados ejidales) y las empujan contra movimientos democráticos.
6. Las autoridades municipales, estatales y federales, así como caciques, organizan grupos de choque o paramilitares para hostigar y agredir a las comunidades que defienden sus derechos. De igual manera son usados contra las organizaciones democráticas que no nos subordinamos al poder estatal.
7. Mediante el "acuerdo de colaboración para el desarrollo" el gobierno estatal ha involucrado de manera directa a los presidentes municipales en esta guerra contra las organizaciones democráticas que estorbamos a los designios del gran capital, ya que ahora vigilan y reportan el comportamiento y las exigencias de las organizaciones en cada rincón del estado chiapaneco, pero peor aún se prestan a combatirnos mediante chantajes y amenazas de que no habrá obra social para las comunidades que se involucran en organizaciones coartando con ello el derecho a la libre organización, asociación y manifestación que consagra nuestra constitución.
8. El gobierno ha desplegado a la policía con operativos: para desalojar, agredir, hostigar y detener arbitrariamente a personas de comunidades que se han organizado parea luchar contra las injusticias que a diario comete el gobierno y sus fuerzas policiaco-militares.
9. El gobierno ha militarizado nuestros pueblos y realiza operativos con: incursiones militares, retenes, amenazas y hostigamientos.
10. Existe un involucramiento directo del ejército en la vigilancia y seguimiento a las actividades de las organizaciones sociales a fin de inhibir la lucha y la protesta popular. Asimismo en las actividades como manifestaciones en diferentes regiones del estado en donde llegan para tratar de generar miedo y zozobra entre los participantes.
11. El patrón recurrente del gobierno es: detener arbitrariamente, fabricar delitos, torturar a personas pertenecientes a pueblos organizados o a quienes protestan para tratar de callarlos (principalmente a organizaciones sociales), encarcelándolos y de esta manera desanimar a la organización, orillándola a desviar su lucha por defender a sus presos.
12. Los actos comunes del gobierno son las de amenazar, hostigar, agredir, entrar en las casas, asesinar, desaparecer forzadamente a compañeros y compañeras. Sobre todo realizar ejecuciones extrajudiciales.
13. Condiciona a los expresos políticos al requerirlos mensualmente para que firmen y de esa manera asegurar su control.
14. Relacionar en los medios de comunicación a las organizaciones y comunidades con el narcotráfico, con movimientos armados y con la delincuencia organizada para poder justificar la represión y hacer la persecución de manera más sistemática con el apoyo de otros cuerpos policíacos de otros estados y el involucramiento del gobierno federal en esa tarea de persecución y hostigamiento.
15. Impulsa una campaña permanente de linchamiento valiéndose del aparato estatal y de los medios de comunicación que controla sobre todo los medios locales y paga nota impresas en medios de circulación nacional también para desprestigiar nuestras luchas y de esa manera desvirtuarlas para generar condiciones de opinión pública desfavorables al movimiento y pueda usar más libremente la fuerza del estado.
16. A través de sus emisores genera condiciones de inestabilidad política y con ello pretende enfrentarnos entre comunidades y entre organizaciones para evitar que los sigamos señalando y se quite presión de encima, pero sobre todo quiere que nos olvidemos que el gobierno es el responsable de la violación a nuestros derechos humanos.

Como señala un manifiesto de organizaciones sociales que nos reunimos hace unas semanas en San Cristóbal de las Casas "históricamente, las luchas de los pueblos y comunidades han sido reprimidas con desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos, fabricación de delitos, amenazas y persecuciones" esto es lo que efectivamente está pasando en el estado de Chiapas y a escala nacional, lo cual demuestra que es una campaña nacional contra el movimiento democrático de este país con la participación y aval de los distintos niveles de gobierno.

Ante esto, es lamentable el silencio cómplice de un conjunto de organizaciones y de diferentes actores políticos que se dicen de izquierda pero con sus actos demuestran lo contrario.

• Exigimos la libertad inmediata a los presos políticos como los campesinos de San Sebastián Bachajón integrantes de La Otra Campaña, del MOCRI-CNPA-MN, de la OCEZ - Chiapas, Voz del Amate, de Atenco, de Oaxaca, de Guerrero y de todo el país.



• Condenamos la política de guerra de baja intensidad y de guerra de contrainsurgencia que se viene aplicando en nuestro estado y en el país contra el movimiento democrático.

A t e n t a m e n t e

Movimiento Campesino Regional Independiente - CNPA - MN.

¡Zapata vive, la lucha sigue!

¡Presos políticos, libertad!

¡Alto a la criminalización de la lucha social!

¡Desmilitarización de las comunidades, ya!

¡Presentación con vida de todos los desparecidos!

¡Alto a la represión y cese al hostigamiento a las organizaciones sociales!