Raúl y Manuel, dos hombres que perdieron su vida por el pueblo mixteco

Rostros encajados, lagrimas y sentimientos de indignación es el ambiente que prevalece en el velorio de los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que fueron ejecutados extrajudicialmente después de haber sido desaparecidos de manera forzada por elementos policiacos el pasado 13 de febrero.

Desde la noche del domingo, cientos de hombres, mujeres, jóvenes y niños na savi (mixtecos) comenzaron a llegar a la comunidad de Cotzalzin conocida como El Ranchito en el municipio de Ayutla, para dar el pésame Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves, viudas de los indígenas que tenían una actividad destacada en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Los cuerpos de Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron trasladados a Cotzalzin cerca de la media noche de ayer domingo y en medio de un sentimiento de tristeza y lágrimas fueron recibidos por sus familiares y compañeros de la OFPM.

Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas “fueron dos hombres que perdieron su vida por el pueblo mixteco, fueron dos hombres que se entregaron por todos los problemas del pueblo mixteco”, afirmó apoyado de un traductor, Guillermo Victoriano García, comisario de La Cortina, comunidad de donde es originario Manuel.

El Principal de La Cortina, Anastacio Victoriano García agradeció a los compañeros de ambos líderes indígenas su solidaridad y resaltó que tanto Raúl Lucas como Manuel Ponce “nunca vieron diferencias en nadie, nunca diferenciaron nada; venía mucha gente, gente de distintas comunidades y a todos los atendían, a todos les ayudaban a resolver sus problemas”.

Seguido de ambas intervenciones, varios indígenas, unos en español y otros en na savi, comenzaron a denunciar el clima de violencia que hay en Ayutla y a exigir que se investigue y se esclarezca la ejecución extrajudicial de sus dirigentes.

Ante la relevancia de este reproblable hecho, hoy lunes, organizaciones internacionales de derechos humanos han manifestado su preocupación a los deudos e integrantes de la OFPM y han comenzado a expresar muestras de solidaridad con los deudos e integrantes de la OFPM.

Los ataúdes con los cuerpos de Raúl Lucas y Manuel Ponce permanecen aún en Cotzalzin y será hasta el medio día de mañana martes 24, cuando serán sepultados en sus comunidades de origen, aunque antes serán homenajeados con un acto de protesta en la cabecera municipal de Ayutla.

Contexto

Raúl Lucas y Manuel Ponce, fueron detenidos el 13 de febrero por tres hombres armados que se identificaron como policías, cuando se encontraban en la escuela secundaria Plan de Ayutla, mientras Raúl esperaba a su esposa Guadalupe Castro que como regidora de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público de inauguración de obras, en donde también participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que los dos dirigentes fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.

Ambos líderes del pueblo mixteco permanecieron desaparecidos durante nueve días y fue hasta este domingo 22 cuando sus familiares identificaron sus cuerpos, que fueron hallados sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición, el pasado viernes 20 de febrero.

La OFPM igual que la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), provienen de la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) mediante la cual desde hace unos 10 años comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente, abusos militares en comunidades de Ayutla.

Raúl Lucas junto con viudas de la masacre de El Charco, había estado reclamando justicia para los 11 indígenas masacrados por soldados el 7 de junio de 1998; exigía lo mismo para los 18 esterilizados de Ojo de Agua, La Fátima y Ocotlán que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud.

El 24 de octubre del 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de soldados del Ejército mexicano a causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el 18 del mismo mes. Por el mismo hecho, Raúl Lucas interpuso denuncia penal ante la PGR dándose apertura a la averiguación previa número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió vivo.

Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales.

Centro de Derechos Humanos Tlachinollan -
Tlapa, Guerrero Mexico - 2009-02-23

La defensa de los derechos humanos, una actividad de alto riesgo en México

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
a 24 de febrero de 2009
Boletín No. 07

* El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas condena el asesinato de dos defensores en Guerrero

*Exigencia de justicia ante la muerte de Raúl Lucas y Manuel Ponce integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C, condena el asesinato de Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, indígenas defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero, y se une a la exigencia de justicia, para que se realice una investigación exhaustiva, eficaz y objetiva, castigando a las autoridades responsables por acción y/u omisión en estos actos.

Raúl Lucas y Manuel Ponce, Presidente y Secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) respectivamente, fueron encontrados sin vida el pasado 20 de febrero en el municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica de Guerrero; Raúl con un tiro en la cabeza y Manuel con traumatismo craneoencefálico. Ambos con signos visibles de tortura. Ambos habían sido desaparecidos de manera forzada en el municipio de Ayutla de los Libres, el pasado 13 de febrero, por presuntos integrantes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) del estado de Guerrero.

Según denuncias documentadas por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ubicado en Tlapa Guerrero, Raúl fue retenido e interrogado ilegalmente en 2006 por integrantes del Ejercito Mexicano, en febrero de 2007 sufrió una emboscada, sin embargo ello no lo amedrentó y durante 2008 documentó casos sobre violaciones a derechos humanos ocurridas en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas perpetradas por el Ejercito Mexicano. De lo anterior existen denuncias y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).

La OFPM, al igual que otras organizaciones indígenas de Guerrero, ha denunciando actos de abusos de militares en contra de comunidades indígenas en la zona mixteca de Guerrero, por ejemplo en la comunidad El Charco, lugar en donde se perpetró la masacre de indígenas ocurrida en junio de 1998.

La desaparición forzada y el asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce, es un crimen de lesa humanidad y una responsabilidad del Estado Mexicano por no cumplir con sus obligaciones de prevenir y proteger el derecho a la vida, al no brindar la protección adecuada y al no generar las condiciones para erradicar las agresiones por parte de agentes estatales o de particulares en contra de las defensoras y los defensores de derechos humanos.

En México, las defensoras y defensores de derechos humanos, nos enfrentamos constantemente a agresiones, amenazas, hostigamientos, vigilancia, allanamiento de domicilios, restricciones a la información, campañas de desprestigio y acciones penales como formas para entorpecer y obstaculizar nuestro trabajo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha destacado la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos indicando que "el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humánanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen el trabajo de los defensores de derechos humanos".

Las defensoras y defensores de derechos humanos en México, seguiremos individual y colectivamente promoviendo y defendiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales en nuestro país y en el mundo.

Por lo tanto, exigimos al Gobierno de México, garantizar medidas precautorias y de seguridad para proteger la vida y la integridad de los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce, de los integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y de los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Demandamos al Gobierno Mexicano el cese inmediato a todo acto de agresión a defensoras y defensores de derechos humanos y que actúen sobre las causas estructurales que afectan la vida, la seguridad y la integridad de las defensoras y defensores en México.

CDH Fray Bartolomé de Las Casas -
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Mexico - 2009-02-24

Comunicado de Prensa

México: Asesinato de indígenas ilustra pésimo estado de derechos humanos en Guerrero

Las autoridades Mexicanas deben tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de defensores de derechos humanos en Guerrero e investigar de forma efectiva el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), dijo hoy Amnistía Internacional.

Los cuerpos de dos defensores de derechos humanos de la comunidad indígena Mixteca en Ayutla fueron encontrados el 22 de febrero con señales de tortura. Se cree que fueron depositados cerca de Ayutla tras haber sido llevados por la fuerza por hombres armados que se identificaron como policías durante un evento público el 13 de febrero en la cabecera municipal donde también estaban presentes autoridades locales.

"El patrón de asesinatos, ataques, amenazas y detenciones a defensores de derechos humanos en Ayutla ha convertido a la región en un peligro constante para las personas que defienden los derechos de las comunidades indígenas más marginalizadas de México," dijo Kerrie Howard, Directora Adjunta del Programa para las Américas de Amnistía Internacional.

En febrero pasado, una delegación de Amnistía Internacional visito a cinco activistas Indígenas de la Organización del Pueblo Indígena Me` phaa - organización hermana de la OFPM – detenidos en Ayutla bajo acusaciones fabricadas. Tras la visita, Amnistía Internacional los declaró "presos de consciencia".

Información General

Las comunidades indígenas de la Costa Chica de Guerrero, donde se encuentra Ayutla de los libres, son algunos de los más pobres de México con una fuerte presencia militar y de seguridad pública.

Organizaciones que trabajan a favor de las comunidades Me`phaa y Mixteca han enfrentado ataques y amenazas durante varios años -- incluyendo la detención de cinco miembros de OPIM en abril acusado falsamente de homicidio.

AMNISTIA INTERNACIONAL -
México D.F. Mexico - 2009-02-24

Raúl Lucas: siembra de odio, cosecha de ira

La quinta fue la vencida. Cuatro ocasiones anteriores, Raúl Lucas Lucía se había librado de la muerte. Pero el pasado 13 de febrero ya no pudo escapársele. Ese día fue detenido y desaparecido con violencia. Tres días más tarde fue asesinado. Sus restos aparecieron ocho días después. Su cuerpo tenía huellas de tortura y tiro de gracia. La misma suerte sufrió su compañero Manuel Ponce Rosas.

Insumiso, desde hace 10 años Raúl vivía acosado por el poder. En 1999, poco después de la matanza de El Charco, el Ejército Mexicano lo torturó y amenazó. En septiembre de 2001 nuevamente fue torturado por militares en su comunidad, junto a sus hermanos y cuñado. El 18 de octubre de 2006, después del paso de la otra campaña por la comunidad mixteca de El Charco, recibió amenazas de los soldados. El 15 de febrero de 2007 fue herido de bala en el cuello durante una emboscada que casi le costó la vida.

La quinta fue la vencida. El pasado 13 de febrero, Raúl y Manuel participaban en un acto oficial para inaugurar la construcción de edificios escolares en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, junto con otras 35 personas. Recién acababa de pasar la una y media de la tarde cuando tres sujetos con armas largas llegaron, gritando policía. Los golpearon en la cabeza, los sacaron de la reunión a rastras para meterlos en una camioneta Liberty negra que los esperaba con el motor encendido y se los llevaron con rumbo desconocido.

Media hora después, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido. Cuando ella respondió, una voz masculina le advirtió: "No empieces a chingar. Quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios." No se supo más de ellos, hasta el 21 de febrero en que sus restos fueron encontrados.

Raúl Lucas García y Manuel Ponce Ríos eran indígenas, mixtecos, guerrerenses y pobres. Raúl era presidente de la Organización Independente de Pueblos Mixtecos (OIPM) y Manuel el secretario. La organización, nacida en 2002 de las comunidades sembradas entre profundas barrancas y grandes cerros, tiene su base en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Se dedica a defender los derechos de los pueblos indios de la región, a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren y a gestionar proyectos productivos y de bienestar social para los nu’saavi.

La OIPM proviene de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994. De esta última surgió, también, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, que actualmente tiene a cinco de sus integrantes recluidos en el penal de Ayutla, y que han sido adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional. Ambas uniones indígenas trabajan de manera coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Raúl era oriundo de la comunidad de Roca Colorada, en la región mixteca de Ayutla de los Libres. Durante muchos años luchó por el beneficio de las comunidades indígenas. Cuando fue nombrado presidente del comisariado de Coapinola defendió los bosques contra la tala ilegal de la madera que llevaban a cabo empresas que saqueaban la riqueza forestal sin permiso del comisariado. Con éxito, encabezó la lucha de las comunidades mixtecas de su municipio en contra del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede).

El asesinato de Raúl y Manuel es el más reciente episodio de la cosecha represiva de El Charco. Ellos son las dos últimas víctimas de una saga macabra que se remonta casi 11 años atrás. En la madrugada del 7 de junio de 1998, mientras dormían en la escuela primaria Catarino Maldonado, 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM fueron ejecutados –algunos sumariamente– por soldados. Los campesinos pertenecían a la OIPMT. El general Juan Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar, estuvo al mando del operativo. Ernesto Zedillo era presidente de la República. El gobierno quiso presentar la matanza como un "enfrentamiento" entre el Ejército y guerrilleros.

La lista de dirigentes indígenas regionales muertos violentamente desde entonces es larga. Entre muchos otros forman parte de ella Galdino Sierra Francisco, tlapaneco de Barranca de Guadalupe, miembro de las Comunidades Eclesiales de Base, asesinado en abril de 2000. Donaciano González Lorenzo, ejecutado en enero de 2001. Y Andrés Marcelino Petrona, dirigente mixteco de El Charco e integrante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, baleado el 26 de agosto de ese mismo año.

En una de muchas otras denuncias hechas en los últimos años, Raúl Lucas explicó cómo militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades mixtecas de Ayutla. Contó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa "los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos". Explicó cómo en esas incursiones cerca de 100 uniformados "a unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico".

Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en poblaciones mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales. Los abusos no cesaron.

Los homicidios de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Ríos son un paso adelante en la guerra de intimidación en contra de las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica. Dos hombres, dignos y valientes, defensores de los derechos de los pueblos indios, fueron salvajemente eliminados. En la región, los militares han sembrado odio, violencia, muerte, robo de cosechas, abusos. Le han echado gasolina al fuego. Que nadie se extrañe cuando se levante una cosecha de ira.

Luis Hernández Navarro - Periódico La Jornada
México D.F. Mexico - 2009-02-24

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Boletín de prensa núm. 100
25 de febrero de 2009

140 ORGANIZACIONES EXIGEN A AUTORIDADES
ESCLARECER EJECUCIONES Y RESARCIR EL DAÑO

• Las autoridades tienen que cumplir su deber. Llaman al Estado a garantizar la seguridad y la vida de activistas y organizaciones en Guerrero
• La incapacidad de gobiernos estatal y federal de hacer respetar el estado de derecho alarma a las organizaciones

El Estado mexicano falló en el cumplimiento de su deber. Desde el 14 de febrero, las Comisión de Derechos Humanos de Guerrero y Tlachinollan habían solicitado medidas cautelares y exigieron a las autoridades correspondientes la presentación con vida de los dos activistas asesinados. Urge que el Estado garantice la integridad física y la vida de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, pues ante el recrudecimiento de la violencia en la zona son muchas las personas y grupos que corren riesgo.

El día de hoy, 140 organizaciones civiles manifiestan su consternación y condena por el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario respectivamente de la Organización por el Futuro del Pueblo Mixteco, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida y con marcas de torturas el pasado viernes 20 de febrero en la Costa Chica de Guerrero. Las OSC llaman la atención sobre el contexto de violencia, inseguridad y riesgo creciente en el que los defensores, defensoras, activistas y movimientos sociales e indígenas ejercen sus derechos.

En el pronunciamiento difundido hoy, las organizaciones firmantes exigen un proceso jurídico objetivo y eficiente para aclarar los asesinatos de Raúl y Manuel: una investigación con peritos independientes, un juicio que concluye en la identificación y sanción de los responsables y la reparación del daño causado a los familiares de los activistas. La Cámara de Diputados recoge la preocupación y elaboró un punto de acuerdo en el cuál solicita a distintas instancias involucaradas que tomen las medidas apropiadas. Mañana, se presentara en el pleno el punto de acuerdo para su votación.

La desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de estos dos líderes indígenas no es un caso aislado. En Guerrero, los movimientos sociales son objeto de repetidos hostigamientos, amenazas y persecusiones. Mañana, jueves 26 de febrero, se realizará una manifestación en Acapulco para dar visibilidad a uno de estos casos de injusticia. En el marco de la campaña Alza tu voz por su libertad, reclaman la liberación de cinco indígenas de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa que se encuentran presos injustamente desde el 17 de abril 2008.

Campaña "Alza tu voz por su libertad":
Jueves 26 de febrero a las 11 de la mañana frente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, Boulevard de las Naciones # 640. Granja 59, Fracción A, Fraccionamiento Granjas del Marques, Acapulco, Gro.

Para mayores informes favor de dirigirse con:
Miguel Pulido
5554-3001 ext 128
04455-3981-3605
miguel@fundar.org.mx

Centro de Derechos Humanos Tlachinollan -
Tlapa, Guerrero Mexico - 2009-02-25

140 Organizaciones de la Sociedad Civil condenan asesinato de defensores

Organizaciones sociales de todo el país manifiestan su consternación y condena al asesinato de los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, miembros de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos en Ayutla, Guerrero. Exigen investigación exhaustiva e imparcial para sancionar a los responsables y prevenir futuras agresiones

• Actitud omisa e irresponsable por parte de las autoridades estatales impidió salvaguardar la integridad física y la vida de los defensores torturados y asesinados
• Organizaciones en México y el mundo exigen inicio inmediato de investigación para y esclarecer las ejecuciones extrajudiciales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, salvaguardar la integridad de sus familias y garantizar la reparación del daño a las víctimas
• El asesinato se da en un contexto de hostigamiento y persecución de los movimientos sociales en Guerrero a cargo de autoridades estatales que debe detenerse de inmediato
• Acontecimientos dan muestra de la incapacidad del Estado para desempeñar la responsabilidad irrenunciable de garantizar la integridad física y la vida de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, en Guerrero y en todo el país

El pasado 13 de febrero, tres hombres armados que se identificaron como policías ministeriales secuestraron a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas durante un acto público. Horas más tarde, Guadalupe Castro Morales, esposa de Raúl Lucas, recibió una llamada a su teléfono celular proveniente del número de Manuel Ponce. La intimidación del interlocutor fue directa: “No empieces a chingar, quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto le pasa por defender indios”. Desde ese momento se denunció la desaparición forzada sin que ninguna autoridad respondiera por la detención.

Inmediatamente después de los acontecimientos, distintas organizaciones de la sociedad civil externamos nuestra preocupación por la seguridad e integridad física y psicológica de Raúl y Manuel. Se solicitaron medidas cautelares exigiendo la presentación con vida de los defensores. Lamentablemente, el viernes 20 de febrero aparecieron los cadáveres de los dos indígenas mixtecos en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero. Los dos activistas fueron brutalmente torturados. Raúl Lucas murió de un disparo en la cabeza y Manuel Ponce a causa de los golpes.

Raúl era presidente y Manuel secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), y tenían proyectos con la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM) para promover el desarrollo de las comunidades de la región. Las dos organizaciones han denunciado casos de allanamiento, retenciones e interrogatorios ilegales por parte de integrantes del Ejército Mexicano.

El asesinato se da en un contexto de hostigamiento generalizado. La Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que sus integrantes han sido sometidos a amenazas, intimidaciones y hostigamiento por denunciar violaciones a los derechos humanos de parte de autoridades federales. Hace apenas cuatro días, a propósito de su visita a la sierra de Guerrero, una delegación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendó que los crímenes contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados sean investigados y procesados jurídicamente de manera efectiva, a fin de que se castigue a los responsables.

La desaparición y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas es particularmente grave por su condición de defensores de derechos humanos, por la falta de interés e ineficacia del Estado para presentarlos con vida tras la denuncia de su desaparición forzada, y porque el caso puede sentar un precedente funesto en caso de no realizarse acciones concretas para prevenir que se repitan violaciones graves en el futuro inmediato.

Por todo ello, las organizaciones que suscribimos este comunicado exigimos al Estado implementar, de manera expedita, todas las medidas necesarias para investigar, identificar y sancionar a los responsables de estas ejecuciones. Les conminamos, además, a abstenerse de realizar declaraciones y pronunciamientos hasta que la indagatoria sobre los asesinatos haya concluido. El uso de calificativos y expresiones de descalificación sobre lo acontecido por parte de las autoridades aporta al entorno de incertidumbre e impunidad y puede alentar una progresión en la espiral de violencia contra defensores de derechos humanos. El hecho de que la autoridad emita juicios de valor puede afectar el curso de la investigación, además del derecho al debido proceso, a la buena imagen y reputación de los afectados y de sus familiares. Sólo si esclarecen las circunstancias de la violación y se fincan responsabilidades por medio de un proceso apegado a derecho, el Estado habrá proporcionado a los familiares de las víctimas el derecho a conocer la verdad de lo sucedido. Sólo en la medida en que la investigación conduzca a la sanción de los responsables, se sentarán las bases para que los afectados y la sociedad puedan recobrar la confianza en las instituciones del Estado.

Al demandar una respuesta expedita y acorde con la gravedad de los hechos por parte de las autoridades estatal y federal, manifestamos nuestra preocupación por las condiciones de riesgo y por la seguridad de las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales e indígenas en el estado de Guerrero. En especial, externamos nuestra preocupación por los miembros de la Organización por el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), y de los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco (OPIM). En consecuencia, exigimos al Estado Mexicano dé pleno cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el examen periódico universal el pasado 10 de febrero:

• Incrementar la efectividad de las medidas preventivas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos
• Reconocer públicamente el importante papel de los defensores de derechos humanos y las ONG para la protección de los derechos humanos en México
• Garantizar que los crímenes contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados sean investigados de manera efectiva y que se castigue a los responsables
• Ampliar a otras entidades federativas, la tipificación del delito de desaparición forzada y el mecanismo de compensación para las víctimas y sus familiares
• Continuar las reformas en materia de Seguridad Pública y el Sistema de Justicia Penal y garantizar que las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad sean investigadas, los autores llevados ante la justicia y las víctimas indemnizadas
• Revisar el Código de Justicia Militar a fin de adecuarlo más estrechamente con las obligaciones internacionales de derechos humanos
• Reconocer la centralidad de los derechos humanos en el enfoque a la mejora de la seguridad pública

Cumplir a cabalidad con estas recomendaciones es un primer paso indispensable para rearticular la confianza de la sociedad en la capacidad de las instituciones para garantizar la seguridad e integridad de las personas. Mientras tanto, quienes suscribimos esta demanda unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce, para exigir a los gobiernos del estado y federal que den inicio formal e inmediato a una investigación exhaustiva y objetiva, para que el esclarecimiento del asesinato y se castigue a los responsables.

Organizaciones y Redes Mexicanas

Academia Mexicana de Derechos Humanos
Alianza Cívica, AC
Artículo XIX
Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC (ASILEGAL)
Cencos (Centro de Nacional de Comunicación Social)
Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria OP", AC
Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", AC
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", AC
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, AC
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, AC
Colectivo por la Transparencia
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC
Comité de Derechos Humanos Ajusco
Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, AC
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad
DECA-Equipo Pueblo, AC
El Caracol, AC
ENLACE. Comunicación y Capacitación
Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC
GESOC, Gestión Social y Cooperación, AC
Grupo de Estudios Ambientales, AC
Incide Social, AC
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, AC
Instituto Guerrerense de Derechos Humanos
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC
Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (Insyde)
Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina para América Latina (HIC-AL)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"
Mujer y Medio Ambiente
Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa
Organización Indígena Fotzi ñaño
Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos
Promotores de la Autogestión para el Desarrollo Social (PADS)
Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, AC (PRODESC)
Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA)
Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, AC
Salud Integral para la Mujer, AC (SIPAM)
Servicios de Asesoría para la Paz, AC (SERAPAZ)

Organismo Público de Derechos Humanos

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDHUM)

Organizaciones internacionales

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia, APSCP-Colombia
Asociación de Mujeres Flor de Piedra– San Salvador
Asociación Humanidad Libre– Arequipa, Perú
Centro de Derechos de Mujeres– Tegucigalpa, Honduras
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos– Perú
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coalición Internacional para el Hábitat-Oficina para América Latina (HIC-AL)
Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos la Mujer. CLADEM Regional y sus dieciséis enlaces: CLADEM Argentina; CLADEM Bolivia; CLADEM Brasil; CLADEM Chile; CLADEM Colombia; CLADEM Ecuador; CLADEM El Salvador; El Salvador; CLADEM Guatemala; CLADEM Honduras; CLADEM México CLADEM Panamá; CLADEM Paraguay; CLADEM Perú; CLADEM Puerto Rico; CLADEM Rep. Dominicana; CLADEM Uruguay
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer– DEMUS, Perú
Federación de Mujeres de Ica– Perú
Milena Radio– Perú
Movimiento Manuela Ramos– Perú
Servicio Internacional Para la Paz (SIPAZ)

Adherentes individuales

Alejandra Ríos Cazares– México
Helena Hofbauer– México
Irene Meier– Suiza
José Manuel Corral– México
Juan Antonio Vega– México
Juan Pablo Guerrero Amparán– México
Óscar Banda González– México
Óscar Guerra Ford– México
Sergio López Menéndez– México

Centro de Derechos Humanos Tlachinollan -
Tlapa, Guerrero Mexico - 2009-02-26